En la Argentina , el censo 2001 arroja un déficit habitacional de 2.600.000 viviendas, a lo que hay que agregarle el crecimiento poblacional de la última década. En la provincia de Buenos Aires en particular, se verifica una crisis estructural producto de procesos migratorios que exacerbaron el problema, hasta llegar a situaciones de hacinamiento.
Pero la situación no sólo es crítica para la población de menores ingresos sino también, para los sectores de clase media que no encuentran, en la actualidad, la posibilidad de financiar a largo plazo una inversión tan importante como es la compra de una vivienda. Pagan regularmente un contrato de alquiler a un tercero y no logran vislumbrar un horizonte que le permita salir de esa situación, con la incertidumbre que trae aparejada tener que renovar contratos de alquiler cada dos años.
En ningún país el Estado, con fondos asistenciales, puede construir viviendas para toda la población, por eso la solución pasa por desarrollar instituciones para que la gente pueda canalizar el esfuerzo necesario para acceder a la vivienda y concentrar los fondos públicos en las personas que realmente lo necesiten y en la proporción efectivamente necesaria.
En Chile, las personas físicas pueden celebrar contratos de alquiler de viviendas con promesa de compraventa con sociedades inmobiliarias. ¿Por qué en la Argentina, no?
En la próximo post se analizará el modelo chileno y cómo puede adaparse en la Argentina.
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